Breve análisis sobre la Instrucción 1/2024 de detención policial

La nueva Instrucción 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba el “procedimiento integral de detención policial” es un avance por el buen camino para regular una actuación tan sensible como la privación de libertad de una persona.

Pero esta instrucción sigue conservando algunas carencias para los derechos del detenido. En esta entrada realizo un análisis rápido de los aspectos más sorprendentes.

Antes de resaltar lo negativo, es justo decir que el principal aporte positivo de esta nueva instrucción, que se emitió el 16 de enero de 2024, es que refunde en un solo texto instrucciones anteriores que regulaban diferentes aspectos. Como indica su título, tiene la intención “integradora” de recoger en un documento todo lo relativo a la detención policial.

Y también que se incorporan cuestiones para las que no había criterios claros, como la detención de mujeres embarazadas, extranjeros o militares.

El abogado puede pedir el habeas corpus

La instrucción reconoce por primera vez lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya había repetido hasta la saciedad: que el abogado del detenido puede solicitar el habeas corpus en su nombre.

Esta habilitación se recoge en el apartado 6.3, aunque diferentes criterios previos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya permitían que el abogado solicitase el habeas corpus en nombre de su defendido.

Con todo, eran criterios dispersos que muchos policías no conocían. Al figurar en la nueva instrucción se facilita su referencia y aplicación.

Derecho de acceso a las actuaciones incompleto

Bajo mi punto de vista, el aspecto más polémico sigue siendo el alcance del derecho de acceso que tiene el detenido, y su abogado, a los elementos esenciales de las actuaciones. Tanto para ejercer la defensa como para impugnar la detención. Esta cuestión se regula en el punto 6.4 de la Instrucción.

Existe una vieja polémica sobre si el detenido, y su abogado, tienen derecho a acceder a todas las diligencias practicadas por la Policía y al atestado íntegro. En mi opinión, la respuesta es afirmativa, pues el derecho constitucional a la defensa se debe ejercer, y facilitar por las Autoridades, desde el mismo momento de la detención (artículo 118 LECrim). Y debe poder hacerse una defensa con toda plenitud.

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A nuestro ordenamiento interno se suma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a la información en los procesos penales, que me parecen claras al respecto al derecho de acceso íntegro al atestado en sede policial.

En nuestro ordenamiento constitucional, la capacidad punitiva del Estado, del que forman parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, está limitada y no es absoluta. Mucho menos en la fase de investigación, cuando la presunción de inocencia del ciudadano detenido está intacta.

Los límites a este poder de castigo se hallan en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuyo principal fin es la protección frente a la intromisión del Estado en su libertad, su dignidad y en otras parcelas de ámbito individual.

Desde este punto de vista, un ciudadano detenido policialmente debe tener acceso, desde el primer momento, a todo lo actuado e investigado. Y su abogado también debe poder acceder, puesto que desde ese momento el derecho de defensa está vigente y operativo en toda su plenitud.

Por eso sorprende que en el apartado 6.4 de la instrucción se realicen las siguientes afirmaciones:

  • Que la persona detenida deba solicitar “justificadamente” los elementos de las actuaciones a las que quiere acceder. Se trata de una obligación absurda, pues quien está detenido no tiene conocimiento, en principio, de qué actuaciones forman parte de la investigación. Por otro lado, el adverbio “justificadamente” carece de sentido, pues la justificación es la propia detención y el derecho de defensa, que es de rango fundamental y constitucional. La persona está detenida y, necesariamente, tendrá que conocer los motivos y pruebas de esa detención para defenderse y para impugnarla, si lo desea.
  • Que no se dé acceso, en sede policial, a la totalidad del atestado, usando justificaciones como que puede contener referencias a personas no detenidas, a hechos conexos o a líneas de investigación iniciadas, pero no agotadas. Si todo ello forma parte de la investigación que ha conducido a la detención, deben ser accesibles. En otro caso, no tiene sentido que figuren en el atestado. Por otra parte, la Policía puede realizar las investigaciones que desee, siempre que entienda que hay indicios de delito, pero en el momento en que aparezcan esos indicios, la investigación debe ser judicializada y proseguir dentro de las diligencias o el sumario judicial correspondiente. Esto es así porque el proceso penal garantiza la plenitud de derechos de todas las partes. Decir otra cosa supone asumir que nuestro Estado de Derecho, con el fin de ejercer su poder punitivo, admite investigaciones extrajudiciales, con los efectos negativos que conlleva para el derecho de defensa y el resto de derechos fundamentales.
  • La protección del secreto de sumario. Esta justificación para no dar acceso a la totalidad del atestado es más llamativa, si se tiene en cuenta que la Policía no declara el secreto del sumario. Esta es una facultad del juez de instrucción (artículo 302 LECrim), que puede adoptar bajo unas causas muy tasadas: protección de la vida, libertad o integridad física de una persona; o impedir que se comprometa el resultado de la investigación. Lo que no puede hacer la Policía es anticiparse a esta decisión del juez instructor ni justificar con ella la prohibición de acceso al atestado. Cabe también plantearse, si el ciudadano está materialmente detenido y con las comunicaciones limitadas y controladas, cómo va a poner en peligro la vida de otra persona o a comprometer el resultado de la investigación policial o judicial. La detención policial, salvo supuestos de terrorismo, sólo puede durar un máximo de 72 horas y, después, es el juez de instrucción quien se encarga del detenido.

Por estas cuestiones es inaceptable, en un Estado de Derecho, que el atestado no sea completamente accesible en sede policial. Además, en cuanto se judicializa el asunto, salvo declaración del secreto de sumario, las actuaciones son accesibles para todas las partes, incluido el atestado que la Policía no facilitó.

Por último, es curioso que se impida el acceso al atestado policial cuando, previamente, la instrucción detalla los elementos y documentos que se deben proporcionar al detenido o su abogado: testimonios, informes periciales, documentos, fotografías, grabaciones, actas, etc… Es contradictorio dar acceso a todas estas actuaciones, que son las que normalmente componen el atestado íntegro, y después decir que esto no significa que se deba tener acceso al atestado completo.

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Lo que el abogado puede y no puede hacer

Otro apartado de la instrucción que causa sorpresa es el 6.10, en el que se refleja cuál es el cometido del abogado en sede policial, que es reproducción del artículo 520.6 LECrim.

Aunque no se dice expresamente que la actividad del abogado esté limitada a los puntos que allí se tratan, lo cierto es que se indica que la asistencia del abogado “consistirá” en la intervención en declaraciones, reconocimientos, reconstrucción de hechos o entrevistas reservadas.

En realidad, la actividad del abogado no está limitada ni en sede policial ni judicial, salvo lo que disponga la ley, el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico de la Abogacía Española. Dentro de estas limitaciones legales, la actuación del abogado consistirá en realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de la persona detenida y para garantizar sus derechos constitucionales.

Por ejemplo (no viene reflejado en este apartado de la instrucción), el abogado puede solicitar el habeas corpus o verificar si se han realizado las llamadas a que tiene derecho el detenido en sede policial, entre otras cuestiones.

La sorprendente renuncia al abogado

El colofón, en este análisis rápido, lo pone el penúltimo párrafo del punto 6.10, donde textualmente se dice que, si la detención se hubiera producido por hechos que podrían constituir delitos contra la seguridad vial, “podrá renunciarse a la asistencia de abogado”. Este párrafo reproduce el artículo 520.8 LECrim.

Es irregular, cuando no ilegal, que se sugiera y permita a una persona detenida policialmente renunciar a su abogado. El artículo 17.3 de la Constitución dice que se “garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

La ley, en nuestro caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no prevé la renuncia del detenido a abogado, salvo el artículo 520.8 LECrim para delitos contra la seguridad vial. Sin embargo, este precepto es contradictorio con el artículo 520.5 LECrim donde dice que, si el detenido no nombra abogado de su confianza, será asistido por abogado del turno de oficio. Es decir, que la asistencia del abogado al detenido es obligatoria, lo nombre o no.

El apartado 6.10 de la instrucción dice que la renuncia a designar abogado se hará siempre que se haya comunicado al detenido las consecuencias de esta decisión. Con todo mi respeto, una persona detenida por la policía, con la tensión e incertidumbre que genera la propia detención y el hecho de desconocer las pruebas en contra, no está en las mejores condiciones para decidir si quiere ser asistida por abogado o no.

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La obligatoriedad de la Instrucción 1/2024

La Instrucción 1/2024 carece de efecto normativo alguno, más allá de la guía que supone para los agentes policiales a la hora de desarrollar su trabajo y de acometer una detención.

La policía, como los tribunales y juzgados, se rige por el principio de legalidad. Es decir, toda actuación policial sólo puede estar amparada por la Constitución, la Ley, los reales decretos y por las órdenes ministeriales aplicables al caso. Y por la jurisprudencia constitucional que interprete estas normas.

Estás son las fuentes del derecho que obligan a policías y guardias civiles (y a jueces) en su actuación. Más allá de esto, las instrucciones, como la que analizo, de tipo interno y administrativo, no tienen efectos jurídicos para los ciudadanos ni pueden crear derechos o limitar otros.

Sin duda, todo policía o guardia civil seguirá lo indicado en la Instrucción 1/2024, pues procede del superior inmediato, que en este caso es el secretario de Estado de Seguridad.

Sin embargo, cuestiones como la del acceso al atestado o la renuncia a la defensa por abogado se escapan del ámbito que puede regular una instrucción administrativa y pueden generar problemas de incumplimiento de la ley a policías y guardias civiles.

Actualización 7/3/2024: se han añadido algunos matices en la entrada para aclarar y precisar algunos términos.

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David Fernández Sánchez

Abogado adscrito al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), colegiado 137.019. Me dedico al derecho militar y al derecho penal, y también defiendo en algunas materias de derecho administrativo y laboral. También soy mediador de conflictos civiles y mercantiles.

By David Fernández Sánchez

Abogado adscrito al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), colegiado 137.019. Me dedico al derecho militar y al derecho penal, y también defiendo en algunas materias de derecho administrativo y laboral. También soy mediador de conflictos civiles y mercantiles.

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